dimecres, 28 de març de 2012

Moció de la Secció Sindical de CCOO sobre vaga dia 29M



Desde la Secció Sindical de CCOO hem considerat adient presentar aquesta moció per tal que els diners que descompten per fer vaga siguin destinats a finalitats socials de la nostra localitat





dimarts, 27 de març de 2012

Comunicat conjunt dels Sindicats presents a l'Ajuntament de Roses

Hola companys/es ! 

Hem decidit les organitzacions sindicals de CCOO i UGT, de fer una concentració  el dia de la vaga: 

dijous 29 de les 10h ales 10.15h a la plaça catalunya 

i a la que us podeu afegir tots els que facin vaga o estiguin realitzant serveis els mínims, encara que siguin 5 minuts, en senyal de suport a la vaga. 


També va sorgir l'idea de fer una petita concentració cada dijous de 5 minuts , com a recordatori, perquè la vaga no quedi en no res , això encara ho hem de parlar entre tots, ja us direm alguna cosa. 
UGT  I  CCOO us esperem a la concentració !!

pels nostres drets i que no ens retallin més!!!!!!

   JA N'HI HA PROU!!!!!

tambè recordar-vos que dijous a les 19:00h a Girona hi haurà la gran manifestació de tots els treballadors.- 

       

                   

dilluns, 26 de març de 2012



CARTA AL DIRECTOR DEL DIARI "EL PAÍS" PUBLICADA EL DIA 23/03/2012

El pensamiento inmediato de muchos servidores públicos ante la huelga general es preguntar cuánto les será descontado de su nómina. Otro discurso generalizado es no hacer el juego a la propia Administración pública que verá cómo sus arcas aumentan si hacemos un día de huelga. Por otro lado, los hay que se sintieron ofendidos (y con razón) por la desbordada alegría que se produjo en su momento por la reducción de nuestro salario y piensan que esta huelga no va con ellos.
Si alguien me cuenta, hace unos años, que en Grecia 150.000 funcionarios de carrera serían despedidos no lo hubiera creído. ¿Algún empleado público hubiera podido imaginar que esto sucedería? Creo que no.
Entonces que nadie piense que su condición de “funcionario de carrera inamovible” no puede ser modificada. Montoro lo ha dicho y se anuncia el primer paso para nuestra desaparición.
La huelga general no es solo contra un real decreto. Es una huelga que debe ser una respuesta directa al Gobierno en el que le digamos que creemos en el Estado de bienestar. Aquí todos somos trabajadores por cuenta ajena y esta contrarreforma laboral nos devuelve a condiciones laborales de hace 50 años. Que se lo pregunten a los funcionarios de la Generalitat de Cataluña, Valencia o Castilla-La Mancha.
Lo perdido ahora no se recuperará nunca. El 29 de marzo cada uno que demuestre su compromiso. Nosotros como servidores públicos tenemos uno ante la sociedad, puesto que sin Estado de bienestar no somos nadie.— Sonia Gatius López. Funcionaria.





dimecres, 21 de març de 2012

ATUREM LA REFORMA!

Avui us portem un video excel·lent fet pels joves de CCOO d'Andalusia, per continuar oferint-vos el màxim d'informació sobre l'abast devastador de la reforma laboral a la que ens enfrontem. Si us queden dubtes podeu  fer-nos arribar els vostres comentaris en aquest mateix blog, que esperem que es converteixi en una eina àgil de debat i participació, no només d'informació.

dimarts, 20 de març de 2012


Finalment hem pogut penjar les Vinyetes en acció, gentilesa d'alguns coneguts ninotaires, per què en puguin gaudir també els que no tenen correu corporatiu, i també us presentem un nou episodi dels nostres animalons solidaris. Ells sí que en saben!


Vinyetes en acció 29-M

dilluns, 19 de març de 2012

Vaga General 29M




PER ANAR FENT BOCA, I PER SI ALGÚ PENSA QUE AQUESTA REFORMA NO VA AMB NOSALTRES:


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divendres, 16 de març de 2012

Perdoneu, però algú havia de dir-ho...

Avui us proposem un article d'opinió per què el llegiu i comenteu amb calma aquest cap de setmana, mentre escalfem motors per a la vaga general. Esperem que serveixi per recuperar una mica l'autoestima, que després d'haver-nos pres per l'ase dels cops estava en hores baixes.

"El desprecio político al funcionariado

Contra la bajada salarial y el incremento de jornada en la función pública.

FRANCISCO J. BASTIDA CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta."

Font: La Nueva España - Diario Independiente de Asturias, publicat el 15.01.2012.(http://www.lne.es/)

diumenge, 11 de març de 2012

VAGA GENERAL 29 DE MARÇ





La huelga del 29M:

legítima, justa, imprescindible

Cuando los sindicatos deciden convocar una huelga general es porque se han agotado todas las vías de negociación. Diría más. La huelga general  del 29M es tan necesaria que hasta el propio presidente del Gobierno llegó a considerarla inevitable con la reforma laboral que tenía previsto aprobar. Y efectivamente,  la aprobó. Por decreto, sin diálogo, ni negociación alguna con los sindicatos. En plena sangría de destrucción de empleo, con 5,4 millones de personas en el desempleo, el Gobierno aprueba  una reforma del mercado de trabajo, no para incentivar la contratación, sino para facilitar y abaratar el despido.

Pero estos dos meses y medio de gobierno conservador se han convertido en un ataque sin precedentes al Estado social. Instalados en el la doctrina de Bruselas y los mercados financieros, y jaleados por el discurso de la CEOE, la derecha española que nos gobierna  ha iniciado  el desmontaje del Estado de bienestar y la quiebra del modelo de convivencia que surgió de la transición democrática. Es la certificación de la derrota de la política a manos de la economía y los mercados financieros, que fueron los causantes de la grave crisis que vivimos. En definitiva, un golpe a la democracia.


“Quieren acabar con todo”
Este es el lema de la huelga general. Y nada mejor para resumir los objetivos de las medidas del Gobierno. Y ya llueve sobre mojado. En España los recortes que se vienen aplicando desde 2010 no han hecho sino agravar la situación. Se aprobó una reforma laboral de menor alcance pero con los mismos ingredientes que la aprobada el pasado 10 de febrero (despido más fácil y barato, dualidad del mercado de trabajo, desvirtuación de la negociación colectiva); se colocó la reducción del déficit en el frontispicio de la acción política y con ello, se volvió a las andadas de los recortes, ajustando el gasto, ignorando los ingresos, y renunciando a reactivar la economía y a crear empleo. Como había que ganar las elecciones, el Partido Popular no dudó en ocultar sus intenciones y sustituir la propuesta política por la retórica de la demagogia  (“no queremos abaratar el despido; queremos crear empleo”,  dijeron). Y lo consiguieron. El 20 de noviembre, lograron mayoría absoluta en las urnas y se dispusieron a gobernar. Nunca en  democracia un gobierno hizo tanto y en tan poco tiempo por acabar con la arquitectura social y laboral que entre todos decidimos poner en marcha tras las primeras elecciones democráticas de 1977, y que fue consagrada por la Constitución Española.

El movimiento sindical fue el primero en encender las luces rojas ante una política que se propone acabar con todo. Pusimos pie en pared para rechazar una reforma laboral impuesta que interrumpe el derecho del trabajo y lo reemplaza por una ilimitada arbitrariedad empresarial. Que abarata y facilita el despido; que no reduce las modalidades de contratación, sino que por el contrario las aumenta y precariza; que introduce discriminaciones en las posibilidades de empleo; que rompe el equilibrio de la negociación colectiva; que abre las puertas al despido, por primera vez, en las Administraciones Públicas.

Pero no nos quedamos aquí. En el acto sindical que CCOO organizó en el Palacio de Vistalegre de Madrid, el 24 de septiembre de 2011, ante 20 mil delegados y delegadas de nuestro sindicato de todo el país, ya advertimos que con las políticas que  ya se aplicaban y las que se anunciaban ante un más que probable triunfo de la derecha en las urnas,  además de la legislación laboral corría peligro nuestro modelo social, los pilares del Estado de bienestar:  la sanidad, la educación, las políticas sociales. Si sumamos el fuerte giro corporativo decidido por el nuevo ministro de Justicia contra la democracia en la judicatura y la voluntad de eliminar y/o devaluar importantes derechos civiles como el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo, el matrimonio homosexual o los derechos de la inmigración, entenderemos porqué propuse en dicho acto impulsar una  amplia plataforma social en defensa de los servicios públicos y los derechos sociales, oportunamente constituida hace unas semanas.

La legitimidad de la huelga general
El presidente del Gobierno ha repetido en diferentes foros y tribunas que las medidas del Gobierno son un ejercicio de responsabilidad con  su país. El sabrá porque llama responsabilidad a acabar con las leyes y normas que configuran el Estado social y nos conduce a la máxima liberal del “sálvese quien pueda”.  Por responsabilidad con los trabajadores y trabajadoras, con la ciudadanía, sobre todo con la peor tratada por la crisis, los sindicatos CCOO y UGT hemos recurrido a uno de los instrumentos constitucionales a nuestro alcance: la convocatoria de una huelga general. El aparato mediático conservador, en su particular y difamatoria campaña contra el movimiento sindical, ha querido y lo sigue haciendo, inocular en la sociedad el virus de la resignación, acusando a los sindicatos de movilizarse solo por sus privilegios. Esta calumnia tiene las patas muy cortas. Las consecuencias de la reforma laboral y de las políticas de recorte en los servicios públicos y el Estado de bienestar, ya se dejan ver: creciente desprotección de los trabajadores, deterioro plausible de la salud y la educación, evidente retroceso de los derechos sociales y civiles; quiebra del modelo de convivencia. Esto nada tiene que ver con los privilegios sindicales. Es el resultado de un proyecto político sometido a los designios de los mercados financieros.

Por todo ello hemos convocado una huelga general el 29 de marzo. Todos los trabajadores y trabajadoras de la producción y los servicios, de las Administraciones Públicas, están llamados a participar en esta huelga. Y tenemos el deber moral de dirigirnos a la ciudadanía para que la apoye y se manifieste contra unas medidas que, de llevarse a cabo, acabarán con derechos históricos que tanto nos ha costado conquistar.

Ignacio Fernández Toxo
Secretario general de CCOO


dijous, 1 de març de 2012



Desde la Secció Sindical de CCOO de l'Ajuntament de Roses us fem arribar un petit reportatge fotogràfic de les mobilitzacions de ahir concretament una petita representació nostra va assistir a la de Girona.